El proyecto "Casa para Todos" prácticamente ha quedado estancado, pues de 2,500 viviendas que se pretendía construir sólo se han edificado 134, debido principalmente a que los constructores no consiguen el debido financiamiento, y por los tortuosos trámites burocráticos a que se ve sometido el sector. El programa estatal fue anunciado con bombo y platillo desde mediados de 2009, cuando se dijo que la meta era construir 2,500 viviendas en un periodo de 18 meses, para lo cual se necesitaría obtener créditos por unos 46 millones de dólares, estimó la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (CASALCO).

La ley de lotificaciones, a la que el presidente Mauricio Funes hizo referencia en enero de este año, ya tiene su primera propuesta lista para el análisis del Ejecutivo. Con esta normativa y en sintonía con la Ley de Ordenamiento Territorial –a la espera de respuesta en la Asamblea Legislativa– se espera determinar qué deben hacer las autoridades competentes cuando alguien está irrespetando los requisitos de construcción, como desarrollar proyectos en las playas, en reservas ecológicas o si al construir no deja el espacio suficiente para zonas verdes o circulación interna de los usuarios.

Una delegación de Casa Presidencial, encabezada por el Secretario de Asuntos Estratégicos y el Secretario de Asuntos Jurídicos, pidió ayer a la Asamblea Legislativa, dos meses para hacer consultas técnicas sobre el proyecto de Ley de Acceso a la Información y reformas a la Ley de Ética Gubernamental. Los cuales fueron propuestos por el FMLN y por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).

Ministros de Vivienda de los países de Centroamérica y República Dominicana, reunidos en Panamá, privilegiarán en sus países el ordenamiento territorial, al que consideran la base de la planificación de los espacios y el desarrollo de un modelo habitacional digno en la subregión. Así lo confirmó este sábado la dpa Hazel Escrich, de la Secretaría de Integración Social Centroamericana, quien encabezó una reunión con la participación de delegados de Costa Rica, Belice, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá, y la ausencia de los representantes de Honduras.

La SIGET tendrá seis meses, a partir de la vigencia del decreto, para implementar un mecanismo de estudios de costos y establecer las nuevas tarifas de cargo de acceso y cargos básicos de interconexión. Dichas tarifas, de acuerdo con el decreto, deberán implementarse a partir de “estudios de costos y comparaciones internacionales de precios”.